POR TANTO, reclamamos al gobierno de Puerto Rico que, con carácter de urgencia, regule de forma justa y con equidad los arrendamientos a corto plazo para atender los impactos sobre la vivienda y la estabilidad de nuestras comunidades, a través de las siguientes acciones concretas:
1. Que mediante legislación, ordenanzas, orden ejecutiva y reglamento, el gobierno se acoja a los siguientes principios rectores y adopte las siguientes medidas prioritarias:
(a) Reconocer la vivienda y la permanencia de las comunidades como un derecho,
- respetar el carácter de las comunidades y priorizar a sus residentes.
- proteger la intimidad, que incluye saber quién es tu vecinx y
- asegurar la habitabilidad de la comunidad y reconocer el derecho de las personas a desarrollar su vida con plenitud.
Para ello, deben catalogar a los alquileres a corto plazo como un negocio y no como residencias.
(b) Proteger el entorno urbano, las tierras de alto valor ecológico y agrícola, zonas históricas y las áreas residenciales y adaptar la regulación a la diversidad de entornos.
Para ello, los municipios y la Junta de Planificación deben delimitar las áreas donde puedan operar los arrendamientos a corto plazo, prohibirlos o limitarlos sustancialmente en zonas históricas, residenciales y de alto valor ecológico, y ajustar la densidad de unidades que puede haber en cada área de acuerdo con su carácter.
(c) Adaptar la regulación a la diversidad tipos de propietarixs y anfitriones de arrendamientos a corto plazo, distinguiendo a los dueñxs de múltiples propiedades de quienes generan ingreso de subsistencia, y evitar la competencia desleal con las pequeñas hospederías.
(d) Incluir mecanismos viables de fiscalización y cumplimiento.
(e) Asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos que impactan su calidad de vida, incluyendo las normas que rigen el uso de suelo y el acceso a la información.
Para ello, debe integrarse la participación comunitaria a procesos sustantivos y vinculantes relacionados a la otorgación de permisos a arrendamientos a corto plazo y el ordenamiento territorial, entre otros.
2. Que el Senado lleve a cabo vistas públicas para el Proyecto de la Cámara 1557 para crear la “Ley para Regular el Arrendamiento a Corto Plazo en Puerto Rico” e integre nuestras recomendaciones al mismo.
3. Que la Asamblea Legislativa del Proyecto del Senado 1420 para enmendar el Artículo 40 de la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de aclarar que el arrendamiento de apartamentos a corto plazo estará permitido sujeto a que se encuentre expresamente autorizada en la escritura matriz de cualquier propiedad sometida al régimen de propiedad horizontal.
Así queda constatado y consignamos:
1. Asociación de Titulares de Condominios
2. Asociación de Titulares Urbanización Villa Dos Pinos, Inc. – San Juan
3. Asociación de Vecinos del Viejo San Juan (AVISAJ)
4. Casa Boriké – Rincón
5. Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña – San Juan
6. Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras – San Juan
7. G-8, Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña – San Juan
8. Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras – San Juan
9. La Colmena Cimarrona - Vieques
10. Mujeres de Islas - Culebra
11. Museo de Arte de Aguadilla y del Caribe, Inc.
12. Programa Sea Grant, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez
13. Puerta de Tierra NO se Vende – San Juan
14. Taller Comunidad La Goyco – San Juan
A 19 de marzo de 2024, se han unido más de 300 personas y entidades a este documento. Si ud. ya firmó, no es necesario hacerlo nuevamente.
Why is this important?
POR CUANTO: El número de viviendas utilizadas para el negocio de arrendamientos a corto plazo ha crecido exponencialmente en los últimos años, de unas 1,000 unidades en 2014 a sobre 25,000 en 2023.
POR CUANTO: El aumento desmedido de alquileres a corto plazo:
(a) amenaza la permanencia, cohesión, cultura y estabilidad de nuestras comunidades,
(b) altera la convivencia comunitaria y el derecho a la intimidad,
(c) encarece la vivienda, y
(d) son competencia desleal para las pequeñas hospederías.
POR CUANTO: Este fenómeno no es exclusivo a Puerto Rico, por lo que muchas ciudades en todo el mundo han adoptado política pública diseñada para atender tales impactos negativos.
POR CUANTO: La política pública vigente en Puerto Rico
(a) no reconoce que los arrendamientos a corto plazo contribuyen a la falta de disponibilidad de vivienda asequible, la gentrificación y el desplazamiento de comunidades, y el deterioro en la calidad de vida para sus residentes;
(b) trata los alquileres a corto plazo como uso residencial, cuando claramente constituyen una actividad comercial;
(c) no discierne entre los propietarixs y anfitriones individuales y lxs inversionistas y acaparadorxs;
(d) obvia la diversidad de contextos, tratando condominios, urbanizaciones, barriadas, centros urbanos, zonas históricas y áreas agrícolas de la misma manera;
(e) presenta problemas de implantación y fiscalización, y
(f) trata al negocio de los arrendamientos a corto plazo de forma desigual con respecto a las pequeñas hospederías.
POR CUANTO: La política pública vigente también obvia la participación ciudadana.
POR CUANTO: Esfuerzos recientes por atender algunos de estos planteamientos, como el P de la C 1557, se han visto coartados y debilitados significativamente.
POR CUANTO: Nuestra gente no aguanta más una política pública que abona a la separación de familias, la expulsión de nuestros jóvenes y profesionales y al desplazamiento de nuestras comunidades, que se fundamenta en el trato desigual y descontextualizado, y que privilegia los intereses de unos pocos en detrimento de la calidad de vida de la mayoría. Entre otros:
(a) Nos indigna:
- que en Culebra y Vieques no haya vivienda asequible para lxs maestrxs y que los servicios básicos fundamentales como el transporte privilegien a visitantes sobre los residentes;
- que los alquileres a corto plazo representan un 46% de las unidades de alquiler a largo plazo en la calle Loíza;
- que sigan cerrando los negocios locales que atienden las necesidades de residentes para dar paso a negocios para turistas;
- que queden muy pocos residentes bonafide en el Viejo San Juan y otros centros urbanos, que comunidades de Rincón se conviertan en pueblos fantasma en la temporada baja, que en Joyuda se siga construyendo en la zona marítimo terrestre para alquilar a corto plazo y en Aguadilla se arrinconen a lxs pescadorxs; y
- que en Isabela y tantos otros lugares sigan ofreciendo dinero en efectivo a la gente para que venda sus casas y dar paso a este negocio.
(b) Nos ofende que se le siga aumentando desmedidamente la renta a lxs inquilinxs para que se vean obligadxs a irse, y que lxs dueñxs conviertan sus viviendas en arrendamientos a corto plazo mientras nuestros jóvenes no encuentran casa, como ha sido el caso en Río Piedras, Puerta de Tierra, Bayola y tantos otros lugares.
(c) Estamos cansadxs de la violación continua del derecho a la intimidad en los condominios por personas ajenas a la comunidad merodeando por los pasillos, las faltas de respeto a lxs residentes por parte de turistas, y el cambio de carácter residencial a hospederías no reguladas.
(d) Nos agravia que hasta en urbanizaciones como Dos Pinos se violenten las cláusulas restrictivas de la escritura matriz para privilegiar esta actividad.
(e) Nos preocupa la falta de transparencia e información.
(f) Nos agrede que lxs funcionarxs electxs sigan ignorando esta realidad, que ha sido investigada por académicos, documentada extensamente y cubierta por los medios de comunicación.
POR CUANTO: Es indispensable que se reconozca que la vivienda es un derecho humano básico y que la mayoría de lxs puertorriqueñxs no tenemos recursos para competir con el capital de unos pocos inversionistas extranjerxs y locales, ni para pagar el aumento que su lucro genera al costo de la vivienda. El uso y disfrute de la propiedad privada tiene límites, y no puede ser a costas de nuestros derechos básicos y el medio ambiente.
How it will be delivered
Se entregará a la mano y mediante otros medios.
